Plataforma Serranía de Ronda por la Defensa del Agua

IU plantea su modelo de ‘desarrollo sostenible’ para el pequeño municipio de Arriate: aumentar un 80% el suelo urbanizable y más golf

Revista El Observador.

16/04/09

El Consistorio alega que las críticas de los ecologistas se deben a que “hablan de oídas” y la dirección provincial de IU reconoce un “exceso” en el PGOU presentado

La desmesurada urbanización que propone Izquierda Unida en el pequeño municipio serrano de Arriate (Málaga), donde gobierna con mayoría absoluta, habría provocado alegaciones y protestas del propio partido en cualquiera otra población, como reconoce a EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com el secretario provincial del la formación en Málaga, José Antonio Castro. Tanto es así que Silvema-Ecologistas en Acción ha presentado alegaciones ante un PGOU que inicialmente plantea aumentar un 80% el suelo urbanizable, consolida viviendas diseminadas y deja las puertas abiertas a futuros campos de golf. Unas críticas desdeñadas por el teniente alcalde de Arriate, Salvador Cabrera, quien asegura que los conservacionistas “hablan de oídas” y les falta “rigor y seriedad”. Todo radica en saber si éste es el modelo de desarrollo sostenible que propone IU o si el alcalde Bernardino Gaona ha lanzado un envite desproporcionado a expensas de cuántas edificaciones le permite construir la Junta de Andalucía.

Con apenas ocho kilómetros cuadrados de superficie Arriate es uno de los municipios más pequeños de Málaga y está encajado dentro de otro término municipal que multiplica su tamaño, el de Ronda. Arriate es un feudo electoral de Izquierda Unida que gobierna el pueblo desde 1991. El actual alcalde, Bernardino Gaona, de esta misma formación, detenta el poder desde hace una década. Pero si la postura de IU ha destacado por limitar, controlar y frenar la política especulativa del ladrillo en Málaga y su provincia, lo que ahora propone la izquierda comunista para esta localidad serrana es precisamente lo mismo: ladrillo y más ladrillo.

La propuesta inicial de su nuevo PGOU “apuesta por la especulación urbanística y vulnera las normas de la Junta de Andalucía y del Estado”, ha criticado en un comunicado Silvema-Ecologistas en Acción. El documento elaborado por el gobierno municipal de IU propone como aptos para la construcción 570.000 metros cuadrados de terreno, superando en un 80 por ciento el suelo urbano existente, plantea la creación de nuevos núcleos poblacionales alejados del casco urbano, cataloga como Suelos Urbanos No Consolidados varios núcleos de viviendas diseminadas que no cuentan con servicios básicos y prevé entre los usos del suelo, actividades vinculadas al golf en el término municipal, advierten los conservacionistas.

¿Es éste el desarrollo sostenible de Izquierda Unida? “No -responde el secretario provincial de la formación en Málaga, José Antonio Castro-, es una propuesta inicial. Somos conscientes de que va a variar, no será tan ambicioso. Creo que se ha tirado por arriba porque sabemos que habrá alegaciones y las esperamos. Dentro del exceso, hay margen para escuchar otras voces. Estoy convencido de que se va a rebajar”.

Menos conciliador se muestra el teniente alcalde de la localidad, Salvador Cabrera. “Los ecologistas han hecho las alegaciones sin conocer el PGOU. Hablan de oídas” y les falta “rigor y seriedad”, asegura. ¿Es éste el desarrollo sostenible de Izquierda Unida? “Bueno, hay que conocer las peculiaridades de cada municipio. Arriate viene incrementando su población desde hace 12 años”, responde Cabrera.

El PGOU lleva un año colgado en la página web del ayuntamiento arriateño (www.arriate.es), tanto Castro como Cabrera inciden en la transparencia y participación con la que quieren contar para la aprobación de un documento que todavía no ha recibido el perceptivo y vinculante informe de incidencia territorial del gobierno andaluz que, probablemente, reducirá sus aspiraciones.

No obstante, el portavoz de Ecologistas en Acción, Alejandro Moreno, plantea una duda: “Si cuentan con que se van a producir cambios en el PGOU, ¿para qué lo presentan en el papel? Porque al final lo que cuenta es lo que pone en el papel”. Y las palabras de Cabrera se deben, según Moreno, “a que están nerviosos, nos invitan a participar pero a los primeros pasos que damos responden con descalificaciones e insultos”, señala.

Dejar comentario 16 de Abril de 2009

El Palamento Europeo aprueba el “Informe Auken”: España vive en una situación de corrupción endémica

Notitia Criminis.
Miércoles 8 de abril de 2009

Los acontecimientos que han llevado a la intervención de Caja Castilla-La Mancha y a la destitución de Hernández Moltó y del resto de los consejeros, hicieron pasar casi inadvertidamente un acontecimiento de notable importancia. El pasado 26 de marzo el Parlamento Europeo aprobó definitivamente, con el voto a favor de todos los parlamentarios salvo el de los españoles, tanto de PSOE como de PP, el llamado «Informe Auken» cuyo texto se puede descargar desde aquí.

En resumen, lo que viene a decir el Informe aprobado por el Pleno del Parlamento Europeo es que en España vivimos sumergidos en una situación de corrupción endémica favorecida por la ineficacia judicial, por la ambigüedad perversa y querida de la legislación aplicable, y por la generalización de la figura del Agente Urbanizador, utilizada por promotores, funcionarios y políticos corruptos, para el expolio generalizado del suelo.

Entre los puntos de especial interés, el Informe considera, en alusión directa a la figura del Agente Urbanizador, que «la obligación de ceder propiedad privada adquirida legítimamente… Así como la obligación de pagar costes arbitrarios por el desarrollo de infraestructuras no solicitadas y a menudo innecesarias, constituyen una vulneración de los derechos fundamentales de la persona en virtud del CEDH y a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos».

También hace referencia a la responsabilidad de las Administraciones españolas, central, autonómica y local, por la puesta en marcha de «un modelo de desarrollo insostenible, que ha tenido gravísimas consecuencias» y añade que existen pruebas de que «las autoridades judiciales en España han empezado a reaccionar ante el reto… En particular mediante la investigación y la imputación de cargos contra funcionarios locales corruptos quienes, por sus acciones, han facilitado desarrollos urbanísticos no reglamentados sin precedentes en detrimento de los derechos de los ciudadanos de la UE» pero que, sin embargo, «los procedimientos incoados siguen siendo de una lentitud desmedida y que las sentencias dictadas en muchos de estos casos no pueden ejecutarse de forma que compensen a las víctimas de tales abusos» por lo que se ha «reforzado la impresión, compartida por muchos ciudadanos de la UE de nacionalidad no española, acerca de la falta de actuación y parcialidad de la justicia española».

Advierte que «la Comisión, a instancias de la Comisión de Peticiones, ha abierto una investigación sobre más de 250 proyectos urbanísticos que han sido objeto de un dictamen negativo por parte de las autoridades competentes en materia de agua y de cuencas fluviales y que pueden por tanto situar los proyectos en contravención de la Directiva Marco del Agua, particularmente en Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia y Valencia».

Y esto, teniendo en cuenta que durante las sucesivas visitas realizadas por la Comisión de Peticiones en el curso de su investigación, se ha puesto de manifiesto que «la mayoría de los planes urbanísticos denunciados por las peticiones conllevan la reclasificación de suelo rural a suelo urbanizable, para el provecho económico considerable del agente urbanizador y el promotor» y que todas estas cuestiones «conforman los abusos a los que están sometidos miles de ciudadanos de la UE, quienes, como consecuencia de los planes elaborados por los agentes urbanizadores, no sólo han perdido sus bienes legítimamente adquiridos, sino que se han visto obligados a pagar el coste arbitrario de proyectos de infraestructuras a menudo no deseadas e innecesarias que afectaban directamente a sus derechos a la propiedad y que han acabado en catástrofe financiera y emocional para muchas familias» todo ello «principalmente por la avaricia y la conducta especulativa de algunas autoridades locales y miembros del sector de la construcción que han conseguido sacar beneficios masivos de estas actividades, la mayoría de los cuales se han exportado».

Así, por todos los puntos considerados, se pide al Gobierno de España y de las comunidades autónomas, una profunda revisión de toda la legislación que afecta a los derechos de los propietarios particulares. Expresamente se solicita que se «deroguen todas las figuras legales que favorecen la especulación, tales como el agente urbanizador» y que suspendan y revisen «todos los planes urbanísticos nuevos que no respetan los criterios rigurosos de sostenibilidad medioambiental y responsabilidad social, y que no garantizan el respeto por la propiedad legítima de los bienes adquiridos legalmente, y que detengan y anulen todos los desarrollos urbanísticos en curso que no han respetado o aplicado los criterios establecidos por el Derecho comunitario».

No se quedan aquí las cosas, pues el informe continúa manifestando su «preocupación y desaliento por el hecho de que las autoridades jurídicas y judiciales españolas hayan puesto de manifiesto que no están debidamente preparadas para hacer frente a las repercusiones de la urbanización masiva» y «considera alarmante la falta de confianza generalizada que los peticionarios parecen mostrar frente al sistema judicial español» y muestra especial «preocupación por la ausencia de una transposición correcta de las Directivas 2005/60/CE y 2006/70/CE sobre blanqueo de dinero… Lo que ha limitado la transparencia y las acciones judiciales contra la circulación ilegal de capital financiero».

Por todo ello, en el punto 18 del informe, se afirma que a consecuencia de «la falta de claridad, precisión y certidumbre respecto a los derechos de propiedad individual contemplados en la legislación en vigor y la falta de aplicación adecuada y sistemática de la legislación en materia de medio ambiente… Combinado con cierta laxitud en los procesos judiciales, no sólo ha complicado el problema, sino que también ha generado una forma endémica de corrupción de la que, otra vez, la principal víctima es el ciudadano»

De todo ello ha resultado que «los derechos de los propietarios se han podido ver afectados, bien por haber sido infravalorados por el agente urbanizador, bien por tener que asumir unas cargas de urbanización impuestas unilateralmente por el mismo y a veces excesivas» sin que el Estado haya «acotado en la legislación urbanística en vigor… La definición de “interés general”, amparándose en este concepto la aprobación de proyectos insostenibles».

Como medidas a tomar, para hacer efectivo lo solicitado en el informe, se recuerda que la Comisión Europea está facultada por el art. 91 del Reglamento (CE) nº 1083/2006 «a interrumpir la provisión de fondos estructurales, y por el artículo 92, a suspender dicha dotación a un Estado miembro o una región implicada, y a estipular correcciones en relación con los proyectos receptores de fondos que posteriormente considere que no han cumplido plenamente con la normativa que rige la aplicación de los actos legislativos pertinentes de la UE»

Igualmente se recuerda que «el Parlamento, como autoridad presupuestaria, también puede decidir colocar en reserva los fondos destinados a políticas de cohesión si lo considera necesaria para persuadir a un Estado miembro a que ponga fin a graves vulneraciones de la normativa y de los principios que está obligado a respetar».

Finalmente, «reitera las conclusiones recogidas en sus resoluciones previas que ponen en tela de juicio los métodos de designación de los agentes urbanizadores y los poderes con frecuencia excesivos otorgados a los urbanistas y promotores inmobiliarios por parte de determinadas autoridades locales, a expensas de las comunidades y los ciudadanos que residen en la zona» y «condena con firmeza la práctica ilícita por la que ciertos promotores socavan mediante subterfugios la propiedad legítima de bienes de los ciudadanos de la UE»

Dejar comentario 8 de Abril de 2009

El Parlamento Europeo Critica el Urbanismo Salvaje de España y Amenza con Suspender las Ayudas

La Comisión de Peticiones del PE ha aprobado un informe, a pesar de la opsoción de PP y PSOE, donde se afirma que el país “ha desarrollado una forma endémica de corrupción”

Público.es / EFE - Bruselas - 11/02/2009 12:36

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PE), con la oposición de los eurodiputados españoles del PP y el PSOE, ha aprobado un informe en el que critica con dureza la “urbanización masiva” en España y en el que sugiere suspender las ayudas de la UE al país en caso de que no se remedien los problemas.

El texto de la eurodiputada danesa Margrete Auken (Los Verdes) ha salido adelante con 23 votos a favor, 11 en contra y 1 abstención y pasará ahora al Pleno de la Eurocámara, que lo someterá a votación el próximo mes de marzo para su aprobación definitiva. Finalmente, las principales enmiendas planteadas por el PP y el PSOE para suavizar el informe fueron rechazadas por el resto de parlamentarios, que sí aprobaron otras que hacen aún más contundente la crítica.

“El PSOE y el PP españoles se han quedado aislados, marginados. Sus argumentos no convencen a nadie, porque hay miles de ciudadanos que han visto los abusos urbanísticos, los impactos ecológicos de este modelo“, ha destacado tras la votación el eurodiputado verde español David Hammerstein, compañero de grupo de la ponente Auken.

Las enmiendas presentadas por PP y PSOE para suavizar el informe fueron rechazadas

Las dos principales fuerzas españolas habían presentado un buen número de enmiendas similares para tratar de eliminar del informe algunos de los puntos más críticos, entre ellos el llamamiento a la Comisión Europea y al Parlamento Europeo para que suspendan las ayudas a España procedentes de fondos regionales y de cohesión si el desarrollo urbanístico viola normas europeas. Sin embargo, los votos de socialistas y populares de otros países decantaron la balanza a favor de la línea más crítica, que denuncia la “destrucción masiva” en las islas y zonas costeras mediterráneas a través del “cemento y el hormigón” y las “ganancias excesivas” del sector de la construcción durante los años de expansión económica.

Corrupción endémica

La Comisión de Peticiones considera que en España se “ha generado una forma endémica de corrupción” a causa de la falta de claridad y de aplicación adecuada de las normas sobre propiedad individual y respeto del medio ambiente. Además, los eurodiputados expresan en el informe su “preocupación” por las “dificultades” que, a su juicio, han encontrado las autoridades judiciales para hacer frente a las repercusiones de la “urbanización masiva” y consideran “alarmante la falta de confianza generalizada” en el sistema legal expresada por los cientos de ciudadanos que han protestado ante el Parlamento Europeo.

Finalmente, ha quedado fuera del texto la petición de una “moratoria” de los planes urbanísticos sin garantías, pero se llama a las autoridades españolas a que “revisen y controlen” todas las nuevas planificaciones que “no tienen en cuenta los criterios de sostenibilidad medioambiental y responsabilidad social“.

El eurodiputado de IU Willy Meyer ha conseguido incluir enmiendas en las que se califica el modelo urbanístico español de “expoliador de los bienes culturales” y en las que se considera que las altas previsiones de desempleo y el aumento de la deuda pública son “consecuencias” de ese modelo. También a propuesta de Meyer, la Comisión de Peticiones insta al Gobierno español a abrir un debate público con todas las administraciones para “tomar medidas legislativas contra la especulación y el desarrollo insostenible“.

1 comentario 11 de Febrero de 2009

Los ladrillos se comen el bosque

laSexta|Noticias

Las obras que pretendían arrasar la Sierra de Ronda se han paralizado. No por sentido común ni para proteger su biodiversidad. Los chalés de Los Merinos no existirán por la crisis, aunque el daño ya está hecho.

Dejar comentario 23 de Septiembre de 2008

Imputado en la Operación “Astapa” un Promotor de la Urbanización Puerta de Ronda (Arriate)

Juan Mena Lirios ha sido llamado por la jueza Isabel Conejo para declarar como imputado en la operación “Astapa” contra la corrupción urbanística que se está llevando a cabo en Estepona según la noticia aparecida en El Mundo 28 de Junio de 2008. La noticia se refiere a un escrito remitido por el concejal de urbanismo de Estepona pidiendo medidas especiales para evitar que los implicados en la trama puedan llevarse o destruir documentos. Se cita concretamente a Juan Mena Lirios como imputado y persona a la que es imperativo evitarle la entrada en el ayuntamiento.

Este ex alto cargo de urbanismo del ayuntamiento de Estepona es actualmente uno de los administradores de la empresa Eleven Desarrollos Inmobiliarios S.L., responsable de la construcción del complejo residencial Puerta de Ronda en el municipio de Arriate, con el cual estableció un convenio urbanístico en 2005 para construir en la zona conocida como Los Picachos. Esta zona es colindante con el Arroyo de la Ventilla, paraje natural de alto valor ecológico y que figura en el “Plan Especial de Protección del Medio Físico” de la provincia de Málaga como “Complejo Ribereño de Interés Ambiental”.

Antecedentes

Esta no es la única vez que Juan Mena Lirios es imputado en casos de corrupción urbanística.

En 2005 es llamado a declarar como imputado junto a su cuñado Federico Guardabrazo acusado de tráfico de influencias, negociaciones ilícitas para funcionarios públicos y cohecho. La recalificación y posterior venta de la finca La Zagorra fue la causa de la querella y posterior imputación, y coincide en los tiempos en que Lirios era director del Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Estepona (1999-2001).

La segunda imputación, también junto a su cuñado Francisco Guardabrazo, aparece publicada por El Mundo en Abril de 2008. La fiscalía pide dos años de prisión para Lirios y Guardabrazo por delitos de compra ilícita y estafa, pues al parecer se apropiaron de una finca, valorada en 5.300.000 euros, comprándola por solo unos 1.171.973 euros y utilizando a una intermediaria con identidad ficticia y poderes falsos. De esta manera se apropiaron de la finca propiedad de Mohamed Fayed Mahmoud Haq.

Ahora Lirios arrastra una nueva imputación en el caso Astapa por blanqueo de dinero.

Complejo Residencial Puerta de Ronda

Juan Mena Lirios es socio activo de la empresa Eleven Desarrollos Inmobiliarios SL creada en 2005 para diversas actuaciones en los municipios de Archidona y Arriate.

En Arriate concretamente se estableció un acuerdo urbanístico con el ayuntamiento que le permitiría la construcción de 187 viviendas en una superficie de 110.000 m2 conocida como Los Picachos. Hasta ahora se han urbanizado las calles y aceras con la infraestructura de alcantarillado y electricidad.

Este proyecto se concibió con la clara intención de aprovechar el tirón urbanístico del macroproyecto de Los Merinos Norte que prometía la llegada al interior de una elite residencial de alto nivel adquisitivo y que supuestamente sacarían de la penuria económica a toda la zona de la Serranía de Ronda a través de ofertas tales como el golf. Este tipo de proyectos han servido a los promotores para aliviar el parón urbanizador de la costa a raíz de la operación “Malaya” contra la corrupción de cargos públicos y funcionarios en Marbella, y así poder seguir realizando inversiones de procedencia poco clara en los municipios del interior, mucho menos controlados y sobre todo estructural y organizativamente más atrasados.

En su web publicitaria oficial se pueden comprobar este tipo de pretensiones.

Se presenta como un complejo residencial de alta calidad situado en “Ronda” y por tanto totalmente desligado del municipio de Arriate. señala las ventajas de estar a “cinco minutos de Ronda en plena naturaleza” y a la que califica como su entorno, sin mencionar para nada que se trata del Arroyo de la Ventilla, que además de ser patrimonio público es un espacio natural protegido. Sin embargo, se habla de las excelencias naturales del tajo de Ronda con excelentes fotos del ¡tajo de la Ventilla!. Cabe preguntarse si se puede ser más oportunista…

El interés por el medio ambiente con el que se presentan en su página web es a todas luces marketing puro, pues aparte de ignorar el patrimonio natural que les rodea, vierten las aguas pluviales, junto con los residuos presentes en la urbanización, sin ningún tipo de escrúpulos.

Irregularides y Gestión del Agua

Mientras que en el ayuntamiento de Arriate insisten en las excelentes relaciones con esta empresa y la total legalidad y viabilidad del proyecto, Silvema ve indicios de irregularidades administrativas en la no publicación de las Normas Subsidiarias que deben avalar cualquier plan parcial de urbanización, como expusieron en las pertinentes alegaciones que nunca han sido contestadas y por lo cual se plantea un posible contencioso administrativo que paralice este proyecto. Las alegaciones de Silvema se referían también a una falta de infraestructuras acorde a un complejo que además pretende incorporar un centro comercial y absorber el tráfico de entre 500 a 700 habitantes, con un acceso directo en una carretera a la altura de un puente en cambio de rasante.

Naturalmente seremos los contribuyentes los que deberemos pagarles un acceso adecuado, servicios de basuras y seguridad de sus residentes. Por otra parte, la Asociación de Vecinos Los Picachos contigua al proyecto denunciaron en una entrevista realizada a su portavoz, Vicente Pimentel, y publicada en La Opinión de Málaga (7 de Agosto) numerosas irregularidades observadas como la tala indiscriminada de encinas, cortes de acceso e uso indebido de tomas de fluido eléctrico y de carriles ajenos a la urbanización. Esta asociación expresó también sus quejas ante lo que a todas luces parece una improvisación en el abastecimiento de agua y que podría afectarles en un futuro.

El alcalde de Arriate, Bernardino Gaona (IU-Los Verdes), afirmó públicamente en Diciembre de 2006 que la urbanización se abastecería de sus propios pozos situados en la antigua finca de olivos y que hasta ahora han dado caudales mínimos y a todas luces insuficientes. Bernardino Gaona afirmó también que el consumo de Arriate estaba garantizado con prioridad, pero en la urbanización se ha construido un deposito de 700 m3 que nos hace pensar que esto no va a ser así exactamente.

Hasta ahora el ayuntamiento de Arriate tenía una concesión de la Agencia Andaluza del Agua de unos 38.000m3 y tiene solicitados 48.000m3, suponemos que en previsión del aumento de población. En caso de aprobarse esta concesión, deberá salir en su día publicada de manera detallada en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga, tanto en sus usos como lugares de procedencia. Hasta entonces se desconoce de dónde vendrá el agua que abastezca a la urbanización sin que afecte al abastecimiento directo de la población arriateña.

Ante este panorama nos preguntamos como es posible que se aprueben y realicen proyectos como éste, que construye taludes taponado arroyos, desagua en un paraje natural protegido, permite una total falta de imprevisión en el abastecimiento de agua y da luz verde a su construcción antes que a la infraestructura de depuración necesaria.

Dejar comentario 9 de Septiembre de 2008

Eleven Desarrollos Inmobiliarios SL y El Ayuntamiento de Arriate

Noticia aparecida en Ronda Noticias el 29 de febrero de 2008:

“El Ayuntamiento de Arriate ha querido agradecer mediante un escrito la labor realizada por Eleven Desarrollos Inmobiliarios SL, responsable de diversas actuaciones en esta localidad y actual promotora del conjunto residencial Puerta de Ronda. En el escrito remitido por el consistorio arriateño destaca la importancia del convenio urbanístico suscrito en 2005 y que ha dado como fruto el nuevo Centro de Día para mayores y el Pabellón Polideportivo Cubierto. Además el consistorio quiso agradecer la inestimable y permanente colaboración de Eleven Desarrollos Inmobiliarios SL en la actividad municipal, en concreto en la instalación de un parque infantil en el Colegio Público Virgen de la Aurora durante el pasado curso académico y en la compra de banquillos deportivos para la pista de futbol 7, ambas acciones financiadas completamente por esta empresa, además de aportaciones para la Feria de San Pedro y la Campaña de Navidad. Además destaca la actuación en el asfaltado de más de 1600 metros lineales del camino de Panavarro y la oportunidad que ha supuesto para 24 vecinos de Arriate de conectarse a la red pública de saneamiento, evitando que sigan vertiendo aguas fecales a los acuíferos. La empresa Eleven Desarrollos Inmobiliarios SL manifestó sentir un profundo orgullo de este reconocimiento municipal ya que se han obtenido todas las aprobaciones de planeamiento por unanimidad del pleno del Ayuntamiento demostrando que se puede llegar a un equilibrio entre el ejercicio de una actuación urbanística y la rentabilidad social para el municipio donde se actúa”

En primer lugar, es evidente la demagogia de este noticiario, vinculado al PP de Ronda, en un intento de desacreditar a políticos honestos de IU como Rafael Ruiz, de Ronda, o Isabel Teresa, de Cueva del Becerro, y poniendo de relieve la buena disposición de Bernardino Gaona, alcalde de Arriate, a establecer negocios urbanísticos que redundan “en bien del pueblo“. Sería, en este caso, un alcalde de IU presentado como “bueno“. En este sentido el alcalde hace un flaco favor a su pueblo así como a su partido político, Izquierda Unida, al realizar comunicados de este estilo.

Política aparte, podría uno pensar al leer el anterior artículo, que Eleven Desarrollos Inmobiliarios SL ha asfaltado el camino de Panavarro para que los vecinos se conecten a la red de saneamiento y salvar así nuestros acuíferos. Mientras tanto, el carril de Los Pinos tiene hoyos como cráteres. A esta empresa le importa poco la rentabilidad social de sus obras y mucho menos el coste medio ambiental que le va a suponer al patrimonio natural del pueblo. La conexión de las aguas pluviales de la urbanización Los Picachos, también citados como los promotores de “Complejo Residencial Puerta de Ronda”, a un colector que desagua hacia el Arroyo de la Ventilla puede ser el principio del fin de este paraje aún virgen de nuestra comarca.

Desagüe de la urbanización Puerta de Ronda (Los Picachos)
Esta actuación es totalmente irregular, pues estamos hablando de la intención clara de verter un desagüe de una urbanización en un paraje de ribera catalogado en el Plan de Protección del Medio Físico de la Provincia de Málaga. No sabemos que instancia ha dado el visto bueno a dicha actuación, pues hasta ahora no nos consta que se haya hecho público, lo cual no es de extrañar pues ni siquiera se ha contestado a las alegaciones que se presentaron en su día. Las actitudes poco transparentes acaban saliendo tarde o temprano por donde uno menos se lo espera.

Otro asunto al que nos remite esta noticia es la esponsorización de todo tipo de actividades municipales de la localidad y que nos recuerda la continua compra de voluntades del Club de Campo y Golf de Ronda, dando dinero a equipos de fútbol, ciclismo, fiestas de Reyes, etc. ¿Cuál es la diferencia? Hay dudas por parte de la oposición acerca del estado de cuentas del consistorio de Arriate, donde sería lamentable que empezara a ser difícil diferenciar los recursos económicos que provienen de la administración y los que no.

La confusión de Bernardino Gaona entre las responsabilidades que conlleva su cargo de administrador público y su carrera política personal empieza a ser escandalosa, ya que no beneficia directamente a los habitantes de Arriate y a su patrimonio.

Por otra parte, no tranquiliza en absoluto que en una única persona, Bernardino Gaona, recaigan las concejalías de Urbanismo, Obras y Medio Ambiente. Una prueba de esta confusión, es que, a través en esta nota de agradecimiento a la promotora de Los Picachos, nada se habla de la futura Aula de la Naturaleza, cuando lo mas lógico es que Eleven Desarrollos Inmobiliarios SL hubiera debido financiarla íntegramente. Eso hubiera sido una negociación por lo menos cabal. En cambio es mas importante que todo el mundo sepa las “ventajas sociales”, pues al fin y al cabo, ¿quién va al Arroyo de la Ventilla?

Sin embargo, lo más interesante de esta noticia es precisamente de lo que no se habla por mucho que se nombre: la empresa constructora.

Eleven Desarrollos Inmobiliarios SL

Es una empresa con cuatro administradores que se forma legalmente el 04/07/2005 como sociedad limitada y que se dedica a todo tipo de especulaciones con terrenos, rústicos y urbanos, con domicilio social en Estepona. Los administradores son:

• Juan Francisco Mena Lirios
• José Reyes Hinojosa
• Javier Leiva Figueroa
• Miguel Rodríguez Ruiz

De las cuatro personas citadas anteriormente, Juan Francisco Mena Lirios es el más conocido, pues ha actuado como procurador en varios litigios en el partido judicial de Estepona. Sin embargo, es público su paso poco afortunado como alto cargo de urbanismo del Ayuntamiento de Estepona, ya que fue imputado en un auto fechado el 18 de octubre 2005 por la juez María José Lario, resultando acusado junto a su cuñado de delitos de tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios y cohecho.

Ciertamente, como bien se indica en la noticia del auto, debe presuponerse su inocencia, además quedan todavía tres administradores de repuesto, pero lo que sí está claro es que no están en condiciones de darnos lecciones de filantropía social desde el Ayuntamiento de Arriate, presentándonos a Eleven Desarrollos Inmobiliarios SL como la benefactora de todos los arriateños.

2 comentarios 23 de Abril de 2008

La Corrupción Urbanística en Murcia

Público.es

CHEMA GIL - Murcia - 14/04/2008 07:52

Las pesquisas de jueces, fiscales y guardias civiles han puesto al descubierto que en la Región de Murcia algo huele a podrido. No es para menos si se tiene en cuenta que de los 45 municipios que existen en esta comunidad autónoma, están siendo investigados cargos políticos y altos funcionarios de una veintena larga de consistorios por la supuesta comisión de diferentes hechos delictivos. La Justicia ha dirigido su punto de mira, en la mayoría de los casos, hacia el desarrollo urbanístico, disparado tras la reforma de la Ley del Suelo que aprobó el Gobierno de Aznar y su aplicación en la Región de Murcia, lo que dio paso a un modelo de desarrollo que ahora ha terminado por estallar.

De hecho, Murcia, es una de las provincias donde más sigue subiendo el precio de la vivienda, frente a un nivel de renta de los murcianos muy por debajo de la media nacional, es inferior en un 16%, pese a 12 años de expansión; lo que confirma que el modelo de desarrollo del Gobierno del PP en Murcia, después de tantos años, no ha servido para corregir diferencias entre los murcianos y el resto de españoles. Todas las investigaciones que están en marcha afectan a municipios dirigidos por el Partido Popular, excepto en dos: Ojós, pequeño municipio del interior gobernado por un partido independiente, y Los Alcázares, en el Mar Menor, donde gobierna el PSOE.

La urbanización Polaris World da cuenta del modelo urbanístico que ha triunfado en Murcia. PEDRO ARMESTRE.

Aunque no pueden descartarse que existan más investigaciones en marcha, de las que no se conocerían detalles porque puedan estar bajo secreto, los casos más destacados, de los que se tiene constancia, son los que siguen:

Águilas: ‘caso Zerrichera’

Este asunto está en plena investigación con una decena de imputados, incluido el empresario Trinitario Casanova Abadía y el alcalde, Juan Ramírez, así como dos ex directores generales del Gobierno regional de Valcárcel. Los jueces y la Fiscalía investigan la recalificación de una finca protegida de unas 240 hectáreas que representa el 1,07% de la Sierra de la Almenara-Cabo Cope, en el municipio de Águilas.

Totana: ‘operación Tótem’

Se investiga una supuesta trama de corrupción de la anterior corporación del PP y la actual exigiendo comisiones para recalificar terrenos. La jueza encargada del caso ordenó la detención de 14 personas y cuatro más resultaron imputadas. Entre los detenidos destacaba el alcalde del PP, José Martínez Andreo, que estuvo dos meses en prisión y salió, recientemente, tras pagar una fianza de 70.000 euros. Entre los imputados aparece el diputado por el PP y ex alcalde de la localidad Juan Morales, a quien el juez pidió 200.000 euros de fianza, días atrás, para librarse de la cárcel.

Habrá que estar muy atentos al levantamiento del secreto de sumario en este caso judicial puesto que pueden producirse sorpresas informativas de profundo calado político, según las fuentes consultadas.

Los Alcázares: ‘operación Ninette’

Hay seis detenidos, uno de ellos permanece en la cárcel, el arquitecto, Mariano Ayuso. Entre los dos que tuvieron que pagar fianza está el ex alcalde socialista Juan Escudero, en libertad tras abonar en el juzgado 60.000 euros. En esta operación ha declarado el cartagenero Juan Antonio Roca, con intereses en la región. Hay otros 14 imputados.

Alcantarilla

Una juez ha abierto juicio oral contra el alcalde de Alcantarilla, Lázaro Mellado, al que le pide seis años de prisión, por un supuesto episodio de contaminación del río Segura.

Fuente Álamo y Torre Pacheco

En esta trama hay 14 imputados, incluyendo los dos alcaldes, la edil de Fuente Álamo, Maria Antonia Conesa, y el alcalde de Torre Pacheco, Daniel García Madrid, éste último está en prisión desde la noche del pasado jueves. En el conjunto de la causa, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia, se investiga la comisión de los presuntos delitos de negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, prevaricación, fraude y revelación de secreto. Entre los imputados se encuentran tres concejales de Fuente Álamo, además de la alcaldesa y el arquitecto municipal; y en el consistorio pachequero hay imputados cinco corporativos, el arquitecto técnico (en prisión junto al primer edil), el secretario del Ayuntamiento, el interventor y un ingeniero municipal. Igualmente, vinculados a esta investigación, se encuentran el que fuera fundador de Polaris World, Facundo Armero, y el actual presidente de la empresa, José Luis Hernández, además de un socio de Facundo y anterior director financiero de Polaris, Juan Marcos Fernández Farrugia.

Abanilla

Los juzgados de Cieza están investigando cuestiones vinculadas al PGOU y a determinadas personas que pudieron participar en la redacción del mismo, y diferentes trámites urbanísticos.

Archena

El PSOE denunció que en la urbanización de La Morra se estaban construyendo más viviendas de las programadas en principio, al mismo tiempo que se otorgó la cédula de habitabilidad sin que se hubiera terminado de urbanizar y sin que el ayuntamiento recepcionara la urbanización.

Cieza

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha presentado una querella en el Juzgado de instrucción número 1 de la localidad contra el alcalde, Antonio Tamayo, por un presunto delito de prevaricación continuada tras la contratación de dos trabajos de consultoría, durante el año 2006, que el Ayuntamiento habría adjudicado de manera verbal a una arquitecta por valor de unos 50.000 euros. Asimismo, estudia la aprobación de un convenio urbanístico en el que se recalifican 270 hectáreas de suelo rústico en los que se pretenden construir 5.000 nuevas viviendas. La oposición denunció este convenio porque de las 270 hectáreas, 230 son de una nuera del alcalde, Antonio Tamayo.

Mazarrón

El alcalde del municipio, Francisco Blaya, está imputado después de que la Fiscalía del TSJ de Murcia le denunciara por presunta malversación de fondos públicos y cohecho. El juez investiga si el primer edil pagó 33.000 euros a tres concejales de un partido localista dirigido por Domingo Valera (ex miembro del PP) para que los ediles apoyaran al equipo de Gobierno popular. Entre las decisiones que tomaron en la pasada legislatura se encuentra la aprobación del PGOU del municipio que reclasifica 41 millones de metros cuadrados de suelo rústico. El fiscal le pide seis años de cárcel.

Villanueva del Río

Actualmente se investiga la construcción de una urbanización en una zona de dominio público hidráulico del río Segura.

Ulea

Se investiga, al menos, una recalificación de terrenos. Ulea es un municipio de unos cientos de habitantes. El alcalde del PP, José Bolarín Cano, se ha puesto un sueldo de más de 4.000 euros mensuales, más dos pagas extras, por lo que percibe un salario neto, como alcalde, 3.000 euros.

San Javier

El ex regidor popular de San Javier José Hernández está siendo investigado por su presunta relación con dos empresarios del municipio. Asimismo, ha sido denunciado hasta en dos ocasiones por los vecinos de dos edificios. Una de las denuncias fue archivada, aunque la Fiscalía ha recurrido el archivo de la misma. En San Javier, además, la Justicia investiga la tramitación de un puerto en La Manga, el caso Puerto Mayor. Se investiga también la tramitación de terrenos para la construcción de un hospital comarcal.

Murcia

En el municipio de Murcia hay al menos dos causas abiertas. La primera de ellas atañe al arquitecto municipal, Joaquín Peñalver, que permanece en excedencia. La Fiscalía le denunció por favorecer presuntamente a una empresa propiedad de su padre y de su hermano desde su puesto de funcionario. El Colegio de Arquitectos presentó un contencioso-administrativo contra la actualización del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Murcia.

Mula

La fiscalía investiga determinadas actuaciones urbanísticas vinculadas con determinados ex miembros de la corporación municipal pertenecientes al PP.

Puerto Lumbreras

Los juzgados de Lorca tienen abiertas diligencias en relación con actuaciones del alcalde en virtud de denuncias presentadas contra el mismo.

Cartagena

La Fiscalía investiga dos recalificaciones de fincas. La primera es en el paraje de Lo Poyo, que tuvo al presunto cerebro de la trama de Marbella Juan Antonio Roca como intermediario, y por el que la Kutxa y varios socios pagaron 300 millones de euros antes de recalificar. El propio Valcárcel paralizó el expediente al reconocer que no parecía normal. En Novo Carthago, la empresa investigada es Hansa Urbana, propiedad al 15% de la Caja del Mediterráneo.

Abanilla/Fortuna

Un juzgado de Cieza ha decidido imputar a diferentes cargos políticos y a sus familiares después de que la concejala del propio PP, María Dolores García les acusara ante los tres magistrados de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Murcia, de haber comprado votos en las elecciones locales de este municipio, en 2003, con empleos municipales y con vales de comida. En estos comicios el PP resultó vencedor por primera vez con mayoría absoluta.

La balsa Jenny

La Fiscalía Central Anticorrupción considera que hay indicios de un delito de malversación de caudales públicos en relación con la cesión gratuita de una balsa de acopio de estériles minerales contaminantes. Por este asunto ya han ido a declarar, en principio en calidad de testigos, a la Fiscalía Anticorrupción, miembros del Gobierno regional que preside el conservador Ramón Luis Valcárcel.

Ojós

El alcalde de Ojós, Francisco Salinas, fue detenido por presunta corrupción de menores y recientemente, después de que se dictara contra él una orden de alejamiento de un menor del municipio, fue detenido por quebrantamiento de dicha orden judicial.

También en la Televisión Autonómica

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM) ha abierto diligencias sobre el proceso de adjudicación y construcción de la sede del canal autonómico 7 Región de Murcia al Grupo Empresarial Televisión de Murcia (GTM). Esta empresa se encargará de gestionar el canal público durante siete años, y a cambio percibirá 36 millones de euros más el IPC anual, procedentes de las arcas autonómicas, con lo que en total serán al menos 252 millones.

El constructor Facundo Armero, que aparece imputado en las diligencias de Torre Pacheco, se encargó de la construcción del centro de emisión, incluso meses antes de que el concurso de adjudicación se resolviera.

Finalmente el propio Facundo Armero, que entonces era copropietario de Polaris World, que participa en GTM, resultó adjudicatario de la carísima televisión regional, que hasta ahora ha cosechado una pobrísima audiencia.

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El fiscal pide dos años de prisión para el jefe de Planeamiento de Marbella

LaVozdeMarbella.com - Marbella - 10/04/08

Según la información, en exclusiva, publicada por EL MUNDO en su edición de Málaga, el fiscal pide 2 años de prisión y una cuantiosa multa al jefe de Planeamiento, Federico Guardabrazos. Precisamente desde fuentes municipales se pidió que se esperase a la calificación del fiscal para tomar una decisión al respecto.

De esta forma, el escrito del fiscal Federico Guardabrazo compró tres fincas a sabiendas de que el vendedor no era el legítimo propietario. Este tipo de actuación se conoce penalmente como “receptación”.

El fiscal pide la misma pena a su cuñado, Juan Mena Lirio, quien junto a Guardabrazos y el constructor Eulogio Herrera Ramos compraron por 1.171.973 Euros unos terrenos cuyo valor era 5.300.000 Euros. Las mencionadas propiedades eran de ciudadano de origen árabe Mohamed Fayed Mahmoud Haq, víctima de la estafa, puesto que él nunca vendió las fincas, sino que la también imputada Lidia del Amo actuó, presuntamente, con un poder falso concedido con una identificación ficticia ante un notario Holandés. De esta forma, bajo la identidad de María del Carmen Santana Moreno los imputados, presuntamente, se apropiaron de unas fincas que no les pertenecían.

Desgraciadamente este tipo de delitos se han popularizado en la Costa del Sol. Sin ir más lejos, una banda fue detenida en una notaria de Málaga cuando intentaban vender con un poder falso los terrenos localizados en frente del Corte Inglés de Puerto Banús, conocidos como Holanducía. Los presuntos ladrones de tierra fueron detenidos por la UDYCO en la misma Notaria cuando se disponían a vender los terrenos y embolsarse el cuantioso botín.

El diario EL MUNDO tuvo acceso al auto de apertura del juicio oral, donde se imputa a 12 personas y se solicitan penas que van desde los 2 a los 8 años.

La Junta de Gobierno Local le concedió a Guardabrazo la compatibilidad para asesorar a promotores, por las tardes en su despacho. Uno de sus principales clientes se trata de Peñarroya, promotor imputado de la Operación Malaya y que actualmente tramita un Plan Parcial sobre los terrenos conocidos como ” La Reserva de Marbella”

En este Plan Parcial, se propuso la construcción de 2255 viviendas en la zona de Elviria. No obstante la Junta de Andalucía no calificó como urbanizable estos terrenos, quedando a expensas de la alegación que asesoró el propio Guardabrazos y será respondida en los próximos días por la Coordinadora del Plan, su hija, Silvia Guardabrazos.

El segundo de los Planes Parciales que asesora Guardabrazo es el localizado en Arroyo de la Cruz, en la zona de Nagüeles, este Plan Parcial tampoco se adapta a las exigencias del nuevo Plan , con lo que, una vez más quedará a expensas de la respuesta de la alegación, que fue asesorada por el director de la Oficina de Planeamiento.

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Se Autorizan Campos de Golf y Macrourbanizaciones Mientras se Anuncian Restricciones de Agua

Ecologistas en Acción Cádiz

8 de abril

La Sierra de Cádiz afronta un verano con amenaza de restricciones a causa de la sequía. Pese a contar con importantes reservas y escasa población, llama la atención que en esta comarca haya problemas de abastecimiento que van camino de ser crónicos. Si el año hidrológico es bueno no hay problemas, pero si no lo es, entonces aparecen las restricciones.

Se puede hablar de varios tipos de sequía; coyuntural, cuando las lluvias son escasas y se resiente el campo, los cultivos, los ríos…; y estructural, cuando no hay agua en los embalses y los acuíferos está por debajo de su capacidad de explotación, o cuando se consume más agua de la que hay. En el caso de la Sierra de Cádiz, este año se han entrecruzado los dos tipos, falta de lluvias y consumo por encima de las disponibilidades. Estas restricciones afectan o pueden afectar a diez pueblos: Puerto Serrano, Prado del Rey, Bornos, Villamartín, Ubrique, El Gastor, Zahara de la Sierra, Grazalema, Villaluenga y Benaocaz.

La causa de esta paradójica situación –la Sierra de Cádiz es el sitio que más llueve de España y algunos de estos pueblos están a orillas de pantanos- está, además de en la falta de lluvias, en el uso descontrolado, y a veces ilegal, del agua en la Sierra de Cádiz. El mal uso de las reservas subterráneas en los últimos tiempos, especialmente en Villamartín, Puerto Serrano y Arcos de la Frontera, ha hecho mermar la cantidad y calidad del recurso disponible, disminuyendo la capacidad para afrontar periodos de escasez. Además, los pueblos de la sierra han experimentado un notable crecimiento urbanístico ligado a la segunda residencia, muchas de ellas con piscinas, que hace que la población flotante en periodo de vacaciones aumente notablemente, con el consiguiente incremento del consumo de agua. Así, el crecimiento incontrolado del “diseminado rural” en estos municipios y los pinchazos fraudulentos de muchos cultivos de regadío han mermado las aguas subterránea de la sierra, y cuando aparece el fenómeno recurrente de la sequía, afloran los problemas de abastecimiento.

Si un año de sequía ha creado esta alarmante situación, ¿qué pasará si se repite la sequía del 90-95? Con el cambio climático todos los expertos auguran una disminución de los recursos hídricos, por lo que es una increíble irresponsabilidad seguir aprobando urbanizaciones turísticas y campos de golf como si el agua fuera infinita. Hay que recordar que este tipo de modelos urbanos consumen más agua (más zonas ajardinadas, piscinas, pistas deportivas, etc.) que el modelo tradicional de asentamiento de los pueblos de la sierra, por lo que entran en conflicto con un medio en donde el agua es un bien escaso.

Paradigmático es el caso de Prado del Rey, donde el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía han aprobado un PGOU que triplica la superficie urbanizable, con campo de golf incluido, que supondrá duplicar el consumo de agua; mientras, ¡el pueblo lleva seis meses de restricciones! La Agencia Andaluza del Agua, en un informe claramente fraudulento, aseguró que Prado tenía agua para este crecimiento urbanístico y el campo de golf. El primer campo de golf de la sierra, Arcos Garden, usa de forma irregular agua del acuífero Arcos-Bornos-Espera, que se encuentra sobreexplotado, y pese a que ha sido denunciado por Ecologistas en Acción hace ya cuatro años a la antigua Confederación Hidrográfica –ahora Agencia Andaluza del Agua- y a la Consejería de Medio Ambiente, a día de hoy seguimos sin respuesta. ¡Para esto quiere la Junta de Andalucía las competencias sobre el agua! Además, este caso clama al cielo cuando resulta que, para garantizar la seguridad del abastecimiento a Arcos, la Agencia Andaluza del Agua se va hacer un nuevo sondeo en ese acuífero ya sobreexplotado. Llegados a este caso, el mejor sondeo que pueden hacer el cerrar los pozos que tiene el campo de golf y obligarle a regar con el agua de la depuradora de Arcos, que además es lo que están obligados a hacer según uno de los condicionantes de la Declaración de Impacto Ambiental.

Ante esta situación desde Ecologistas en Acción volvemos a exigir que se paralicen los planes urbanísticos que prevean desarrollos urbanísticos que puedan comprometer el futuro del abastecimiento en la sierra y que puedan aumentar la presión sobre la calidad y cantidad de los recursos y sobre los ecosistemas acuáticos. Los nuevos desarrollos urbanísticos deberán justificar que poseen agua para satisfacer las demandas, tal como les exige la última modificación de la Ley de Aguas y el POTA, y si en la actualidad difícilmente se cubren las necesidades de los municipios de la comarca, será imposible dar cobertura a los nuevos desarrollos que se basan en más viviendas secundarios y en campos de golf. Es por ello que exigimos a la Agencia Andaluza del Agua mayor seriedad y rigor, y que en los sucesivos informes certifique la situación de escasez de recursos en la sierra. Igualmente, exigimos que se denieguen nuevos proyectos de campos de golf en la Sierra de Cádiz, y se ponga fin a esta actividad económica tan derrochadora de agua y que conlleva tantos impactos ecológicos, ambientales, sociales y territoriales.

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Investigan a un antiguo inspector de Hacienda que pudo ‘perdonar’ 14 millones de euros a Facundo Armero

La Verdad

5 de abril de 2008

No es un secreto que el fiscal del caso y los agentes de la Guardia Civil tienen en el principal punto de mira al constructor Facundo Armero Madrid, a la vista de las numerosas grabaciones telefónicas intervenidas que ponen al descubierto que se movía como Pedro por su casa entre los principales responsables políticos y algunos técnicos de los municipios de Torre Pacheco y Fuente Álamo. La investigación en torno al antiguo co propietario de Polaris World tiene otra ramificación que conduce a la Agencia Tributaria. En concreto, un antiguo inspector de Hacienda ha sido investigado por la presunta condonación de 14 millones de euros en concepto de IVAcorrespondiente a diversas facturaciones de empresas de Facundo Armero.

AMPLIACIÓN. Obras sobre uno de los terrenos de Polaris World cerca de Torre Pacheco donde la empresa está construyendo nuevas viviendas para uso residencial. PABLO SANCHEZ /AGM

Según aseguraron ayer a La Verdad fuentes de la investigación, este funcionario de Hacienda pudo informar favorablemente a una petición que hizo el constructor para no desembolsar esta cantidad en concepto de IVA.

Otras actividades empresariales de Facundo Armero también están detrás de la orden de prisión dictada el jueves contra el alcalde de Torre Pacheco, Daniel García Madrid, por parte del magistrado Salvador Calero, que sustituye en el juzgado número cuatro de San Javier a Aránzazu Moreno. La permuta de terrenos entre el Ayuntamiento y la empresa Polaris World, que está al parecer en el fondo de esta nueva rama del caso, se corresponde con unas gestiones que realizó Facundo Armero ante el Ayuntamiento de Torre Pacheco, apuntaron las mismas fuentes.

Como publicó ayer este diario, y según la versión de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia, las arcas municipales pudieron salir perjudicadas en la operación, ya que los terrenos cedidos por el Consistorio (35.000 metros cuadrados adyacentes a uno de los resorts de Polaris, entre Torre Pacheco y Los Alcázares) habían sido valorados en algo menos de 3 millones de euros. Por otro lado, la compensación al Ayuntamiento se estableció con otra parcela de 50.000 metros cuadrados en El Jimenado, calificada como rústica y tasada en 2,4 millones de euros. El fiscal cree que se sobrevaloró los terrenos que ofrecía la empresa, mientras que fuentes de esta última sostienen que la sobrevaloración corresponde a los terrenos del Ayuntamiento.

Piezas por separado

Esta presunta prevaricación y malversación de fondos imputada al alcalde y referida a esta permuta es una pieza nueva del caso, ya que, no fue reflejada por el fiscal del caso, José Luis Díaz Manzanera, en su informe del 24 de octubre pasado ante la juez Aránzazu Moreno. Según publicó este diario, el fiscal apreciaba hasta 17 caso de indicios de delito entre once imputados en la presunta trama de corrupción en Torre Pacheco y Fuente Álamo.

Cinco piezas supuestamente delictivas correspondían a las denuncias iniciales, y el resto a las escuchas telefónicas. En ninguna se reflejaba esta permuta que al parecer ha enviado a Daniel García Madrid a prisión.

Lo más aproximado es otra pieza en la que se imputa posible prevaricación y malversación de fondos al alcalde en una reparcelación promovida por Suelos Urbanos Pacheco S.L en el año 2005. Señaló el fiscal que «el precio fijado por Facundo Armero por metro cuadrado, con el visto bueno de Daniel García, no se apoya en ningún informe técnico municipal». Consta además un informe contrario del arquitecto municipal, que advierte de que la superficie de zona verde que se cede no alcanza el mínimo exigido.

El vuelco dado ahora al caso de Torre Pacheco con la prisión de su alcalde es el resultado del estudio de las sucesivas piezas del caso, según la investigación. Añadieron ayer que «irán saliendo más».

2 comentarios 5 de Abril de 2008