Cronología de Los Merinos

La revista El Observador ha publicado una serie de tres artículos que relatan la cronología de la especulación y la destrucción del territorio del caso de Los Merinos Norte:

Gracias a la Revista El Observador por toda la ayuda que ha aportado en esta lucha en defensa del agua y el territorio

Dejar comentario 13 de Agosto de 2015

El TSJA anula el plan de la urbanización Los Merinos de Ronda

El País
El tribunal deja sin efecto el permiso de la Junta a las 800 viviendas por falta de agua

Fernando J. Pérez Málaga 21 NOV 2012 - 12:30 CET5
Entrada a la finca de Los Merinos, a 12 kilómetros de Ronda. / JULIÁN ROJAS

Entrada a la finca de Los Merinos, a 12 kilómetros de Ronda. / JULIÁN ROJAS

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha puesto un nuevo clavo sobre el ataúd del macroproyecto urbanístico Los Merinos, un complejo de lujo con 783 viviendas, hoteles y dos campos de golf al norte de Ronda (Málaga). La sala de lo Contencioso-Administrativo ha anulado y dejado sin efecto el acuerdo de la Comisión Provincial de Urbanismo –organismo dependiente de la Junta de Andalucía- por el que se aprobó definitivamente el plan parcial de ordenación de Los Merinos, en abril de 1995.

El fallo estima el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Cuevas del Becerro (Málaga), localidad vecina a Ronda, cuyos acuíferos se verían afectados por las necesidades de agua de la macrourbanización. El tribunal tiene en cuenta que la extinta Confederación Hidrográfica del Sur expresó “de forma contundente su criterio abiertamente desfavorable (…) sobre la suficiencia de recursos hídricos para el desarrollo urbanístico”. La falta de un informe propicio en materia hidráulica lleva a los seis magistrados presididos por Manuel López Agulló a anular el acuerdo de aprobación del Plan General de Ordenación Urbana rondeño, que suponía la luz verde definitiva al plan parcial de Los Merinos y que no fue publicado en un boletín oficial hasta 10 años después, en 2005.

La falta de recursos hídricos y la posible afección al abastecimiento urbano de Cuevas del Becerro y de la también localidad vecina de Arriate es el argumento principal del fallo. En otros puntos de la sentencia se da la razón a la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio de la Junta al entender que la Comisión Provincial de Urbanismo no infringió el ordenamiento jurídico vigente a la hora de aprobar el plan de Los Merinos. Según la sentencia, no se vulneró el Plan Parcial de Protección del Medio Físico.

El complejo Los Merinos ha sido quizá el desarrollo urbanístico más polémico de la historia reciente de Málaga. Enclavado en una zona de transición de la Reserva de la Biosfera de la Sierra de las Nieves, su tramitación ha sido un ejemplo de la adaptación –en ocasiones, la sumisión- de los poderes públicos ante el interés privado. Una investigación del Instituto Andaluz de Criminología, de la Universidad de Málaga, resaltó la “sintomática diligencia con la que la Administración municipal se ha ocupado de allanar los obstáculos” al proyecto. Los Merinos es una de las patas de la llamada Operación Acinipo, que supuso la detención del exalcalde rondeño Antonio María Marín Lara.

Entre los aspectos que llamó la atención a los académicos destaca el hecho de que tras denegarse por segunda vez el permiso para obtener agua del acuífero sobre el que se asienta la urbanización, el Ayuntamiento se comprometió mediante convenio con la promotora a construir una conducción de agua desde el casco urbano a la urbanización, que dista 12 kilómetros. Precisamente, el TSJA en su sentencia afirma que “este convenio no se puede aceptar como válido”.

1 comentario 22 de Noviembre de 2012

IU plantea su modelo de ‘desarrollo sostenible’ para el pequeño municipio de Arriate: aumentar un 80% el suelo urbanizable y más golf

Revista El Observador.

16/04/09

El Consistorio alega que las críticas de los ecologistas se deben a que “hablan de oídas” y la dirección provincial de IU reconoce un “exceso” en el PGOU presentado

El actual alcalde de Arriate, Bernardino GaonaLa desmesurada urbanización que propone Izquierda Unida en el pequeño municipio serrano de Arriate (Málaga), donde gobierna con mayoría absoluta, habría provocado alegaciones y protestas del propio partido en cualquiera otra población, como reconoce a EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com el secretario provincial del la formación en Málaga, José Antonio Castro. Tanto es así que Silvema-Ecologistas en Acción ha presentado alegaciones ante un PGOU que inicialmente plantea aumentar un 80% el suelo urbanizable, consolida viviendas diseminadas y deja las puertas abiertas a futuros campos de golf. Unas críticas desdeñadas por el teniente alcalde de Arriate, Salvador Cabrera, quien asegura que los conservacionistas “hablan de oídas” y les falta “rigor y seriedad”. Todo radica en saber si éste es el modelo de desarrollo sostenible que propone IU o si el alcalde Bernardino Gaona ha lanzado un envite desproporcionado a expensas de cuántas edificaciones le permite construir la Junta de Andalucía.

Con apenas ocho kilómetros cuadrados de superficie Arriate es uno de los municipios más pequeños de Málaga y está encajado dentro de otro término municipal que multiplica su tamaño, el de Ronda. Arriate es un feudo electoral de Izquierda Unida que gobierna el pueblo desde 1991. El actual alcalde, Bernardino Gaona, de esta misma formación, detenta el poder desde hace una década. Pero si la postura de IU ha destacado por limitar, controlar y frenar la política especulativa del ladrillo en Málaga y su provincia, lo que ahora propone la izquierda comunista para esta localidad serrana es precisamente lo mismo: ladrillo y más ladrillo.

La propuesta inicial de su nuevo PGOU “apuesta por la especulación urbanística y vulnera las normas de la Junta de Andalucía y del Estado”, ha criticado en un comunicado Silvema-Ecologistas en Acción. El documento elaborado por el gobierno municipal de IU propone como aptos para la construcción 570.000 metros cuadrados de terreno, superando en un 80 por ciento el suelo urbano existente, plantea la creación de nuevos núcleos poblacionales alejados del casco urbano, cataloga como Suelos Urbanos No Consolidados varios núcleos de viviendas diseminadas que no cuentan con servicios básicos y prevé entre los usos del suelo, actividades vinculadas al golf en el término municipal, advierten los conservacionistas.

Izquierda Unida¿Es éste el desarrollo sostenible de Izquierda Unida? “No -responde el secretario provincial de la formación en Málaga, José Antonio Castro-, es una propuesta inicial. Somos conscientes de que va a variar, no será tan ambicioso. Creo que se ha tirado por arriba porque sabemos que habrá alegaciones y las esperamos. Dentro del exceso, hay margen para escuchar otras voces. Estoy convencido de que se va a rebajar”.

Menos conciliador se muestra el teniente alcalde de la localidad, Salvador Cabrera. “Los ecologistas han hecho las alegaciones sin conocer el PGOU. Hablan de oídas” y les falta “rigor y seriedad”, asegura. ¿Es éste el desarrollo sostenible de Izquierda Unida? “Bueno, hay que conocer las peculiaridades de cada municipio. Arriate viene incrementando su población desde hace 12 años”, responde Cabrera.

El PGOU lleva un año colgado en la página web del ayuntamiento arriateño (www.arriate.es), tanto Castro como Cabrera inciden en la transparencia y participación con la que quieren contar para la aprobación de un documento que todavía no ha recibido el perceptivo y vinculante informe de incidencia territorial del gobierno andaluz que, probablemente, reducirá sus aspiraciones.

No obstante, el portavoz de Ecologistas en Acción, Alejandro Moreno, plantea una duda: “Si cuentan con que se van a producir cambios en el PGOU, ¿para qué lo presentan en el papel? Porque al final lo que cuenta es lo que pone en el papel”. Y las palabras de Cabrera se deben, según Moreno, “a que están nerviosos, nos invitan a participar pero a los primeros pasos que damos responden con descalificaciones e insultos”, señala.

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Dejar comentario 16 de Abril de 2009

El Palamento Europeo aprueba el “Informe Auken”: España vive en una situación de corrupción endémica

Notitia Criminis.
Miércoles 8 de abril de 2009

Los acontecimientos que han llevado a la intervención de Caja Castilla-La Mancha y a la destitución de Hernández Moltó y del resto de los consejeros, hicieron pasar casi inadvertidamente un acontecimiento de notable importancia. El pasado 26 de marzo el Parlamento Europeo aprobó definitivamente, con el voto a favor de todos los parlamentarios salvo el de los españoles, tanto de PSOE como de PP, el llamado «Informe Auken» cuyo texto se puede descargar desde aquí.

En resumen, lo que viene a decir el Informe aprobado por el Pleno del Parlamento Europeo es que en España vivimos sumergidos en una situación de corrupción endémica favorecida por la ineficacia judicial, por la ambigüedad perversa y querida de la legislación aplicable, y por la generalización de la figura del Agente Urbanizador, utilizada por promotores, funcionarios y políticos corruptos, para el expolio generalizado del suelo.

Entre los puntos de especial interés, el Informe considera, en alusión directa a la figura del Agente Urbanizador, que «la obligación de ceder propiedad privada adquirida legítimamente… Así como la obligación de pagar costes arbitrarios por el desarrollo de infraestructuras no solicitadas y a menudo innecesarias, constituyen una vulneración de los derechos fundamentales de la persona en virtud del CEDH y a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos».

También hace referencia a la responsabilidad de las Administraciones españolas, central, autonómica y local, por la puesta en marcha de «un modelo de desarrollo insostenible, que ha tenido gravísimas consecuencias» y añade que existen pruebas de que «las autoridades judiciales en España han empezado a reaccionar ante el reto… En particular mediante la investigación y la imputación de cargos contra funcionarios locales corruptos quienes, por sus acciones, han facilitado desarrollos urbanísticos no reglamentados sin precedentes en detrimento de los derechos de los ciudadanos de la UE» pero que, sin embargo, «los procedimientos incoados siguen siendo de una lentitud desmedida y que las sentencias dictadas en muchos de estos casos no pueden ejecutarse de forma que compensen a las víctimas de tales abusos» por lo que se ha «reforzado la impresión, compartida por muchos ciudadanos de la UE de nacionalidad no española, acerca de la falta de actuación y parcialidad de la justicia española».

Advierte que «la Comisión, a instancias de la Comisión de Peticiones, ha abierto una investigación sobre más de 250 proyectos urbanísticos que han sido objeto de un dictamen negativo por parte de las autoridades competentes en materia de agua y de cuencas fluviales y que pueden por tanto situar los proyectos en contravención de la Directiva Marco del Agua, particularmente en Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia y Valencia».

Y esto, teniendo en cuenta que durante las sucesivas visitas realizadas por la Comisión de Peticiones en el curso de su investigación, se ha puesto de manifiesto que «la mayoría de los planes urbanísticos denunciados por las peticiones conllevan la reclasificación de suelo rural a suelo urbanizable, para el provecho económico considerable del agente urbanizador y el promotor» y que todas estas cuestiones «conforman los abusos a los que están sometidos miles de ciudadanos de la UE, quienes, como consecuencia de los planes elaborados por los agentes urbanizadores, no sólo han perdido sus bienes legítimamente adquiridos, sino que se han visto obligados a pagar el coste arbitrario de proyectos de infraestructuras a menudo no deseadas e innecesarias que afectaban directamente a sus derechos a la propiedad y que han acabado en catástrofe financiera y emocional para muchas familias» todo ello «principalmente por la avaricia y la conducta especulativa de algunas autoridades locales y miembros del sector de la construcción que han conseguido sacar beneficios masivos de estas actividades, la mayoría de los cuales se han exportado».

Así, por todos los puntos considerados, se pide al Gobierno de España y de las comunidades autónomas, una profunda revisión de toda la legislación que afecta a los derechos de los propietarios particulares. Expresamente se solicita que se «deroguen todas las figuras legales que favorecen la especulación, tales como el agente urbanizador» y que suspendan y revisen «todos los planes urbanísticos nuevos que no respetan los criterios rigurosos de sostenibilidad medioambiental y responsabilidad social, y que no garantizan el respeto por la propiedad legítima de los bienes adquiridos legalmente, y que detengan y anulen todos los desarrollos urbanísticos en curso que no han respetado o aplicado los criterios establecidos por el Derecho comunitario».

No se quedan aquí las cosas, pues el informe continúa manifestando su «preocupación y desaliento por el hecho de que las autoridades jurídicas y judiciales españolas hayan puesto de manifiesto que no están debidamente preparadas para hacer frente a las repercusiones de la urbanización masiva» y «considera alarmante la falta de confianza generalizada que los peticionarios parecen mostrar frente al sistema judicial español» y muestra especial «preocupación por la ausencia de una transposición correcta de las Directivas 2005/60/CE y 2006/70/CE sobre blanqueo de dinero… Lo que ha limitado la transparencia y las acciones judiciales contra la circulación ilegal de capital financiero».

Por todo ello, en el punto 18 del informe, se afirma que a consecuencia de «la falta de claridad, precisión y certidumbre respecto a los derechos de propiedad individual contemplados en la legislación en vigor y la falta de aplicación adecuada y sistemática de la legislación en materia de medio ambiente… Combinado con cierta laxitud en los procesos judiciales, no sólo ha complicado el problema, sino que también ha generado una forma endémica de corrupción de la que, otra vez, la principal víctima es el ciudadano»

De todo ello ha resultado que «los derechos de los propietarios se han podido ver afectados, bien por haber sido infravalorados por el agente urbanizador, bien por tener que asumir unas cargas de urbanización impuestas unilateralmente por el mismo y a veces excesivas» sin que el Estado haya «acotado en la legislación urbanística en vigor… La definición de “interés general”, amparándose en este concepto la aprobación de proyectos insostenibles».

Como medidas a tomar, para hacer efectivo lo solicitado en el informe, se recuerda que la Comisión Europea está facultada por el art. 91 del Reglamento (CE) nº 1083/2006 «a interrumpir la provisión de fondos estructurales, y por el artículo 92, a suspender dicha dotación a un Estado miembro o una región implicada, y a estipular correcciones en relación con los proyectos receptores de fondos que posteriormente considere que no han cumplido plenamente con la normativa que rige la aplicación de los actos legislativos pertinentes de la UE»

Igualmente se recuerda que «el Parlamento, como autoridad presupuestaria, también puede decidir colocar en reserva los fondos destinados a políticas de cohesión si lo considera necesaria para persuadir a un Estado miembro a que ponga fin a graves vulneraciones de la normativa y de los principios que está obligado a respetar».

Finalmente, «reitera las conclusiones recogidas en sus resoluciones previas que ponen en tela de juicio los métodos de designación de los agentes urbanizadores y los poderes con frecuencia excesivos otorgados a los urbanistas y promotores inmobiliarios por parte de determinadas autoridades locales, a expensas de las comunidades y los ciudadanos que residen en la zona» y «condena con firmeza la práctica ilícita por la que ciertos promotores socavan mediante subterfugios la propiedad legítima de bienes de los ciudadanos de la UE»

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Dejar comentario 8 de Abril de 2009

El Parlamento Europeo Critica el Urbanismo Salvaje de España y Amenza con Suspender las Ayudas

La Comisión de Peticiones del PE ha aprobado un informe, a pesar de la opsoción de PP y PSOE, donde se afirma que el país “ha desarrollado una forma endémica de corrupción”

Público.es / EFE - Bruselas - 11/02/2009 12:36

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PE), con la oposición de los eurodiputados españoles del PP y el PSOE, ha aprobado un informe en el que critica con dureza la “urbanización masiva” en España y en el que sugiere suspender las ayudas de la UE al país en caso de que no se remedien los problemas.

El texto de la eurodiputada danesa Margrete Auken (Los Verdes) ha salido adelante con 23 votos a favor, 11 en contra y 1 abstención y pasará ahora al Pleno de la Eurocámara, que lo someterá a votación el próximo mes de marzo para su aprobación definitiva. Finalmente, las principales enmiendas planteadas por el PP y el PSOE para suavizar el informe fueron rechazadas por el resto de parlamentarios, que sí aprobaron otras que hacen aún más contundente la crítica.

El PSOE y el PP españoles se han quedado aislados, marginados. Sus argumentos no convencen a nadie, porque hay miles de ciudadanos que han visto los abusos urbanísticos, los impactos ecológicos de este modelo“, ha destacado tras la votación el eurodiputado verde español David Hammerstein, compañero de grupo de la ponente Auken.

Las enmiendas presentadas por PP y PSOE para suavizar el informe fueron rechazadas

Las dos principales fuerzas españolas habían presentado un buen número de enmiendas similares para tratar de eliminar del informe algunos de los puntos más críticos, entre ellos el llamamiento a la Comisión Europea y al Parlamento Europeo para que suspendan las ayudas a España procedentes de fondos regionales y de cohesión si el desarrollo urbanístico viola normas europeas. Sin embargo, los votos de socialistas y populares de otros países decantaron la balanza a favor de la línea más crítica, que denuncia la “destrucción masiva” en las islas y zonas costeras mediterráneas a través del “cemento y el hormigón” y las “ganancias excesivas” del sector de la construcción durante los años de expansión económica.

Corrupción endémica

La Comisión de Peticiones considera que en España se “ha generado una forma endémica de corrupción” a causa de la falta de claridad y de aplicación adecuada de las normas sobre propiedad individual y respeto del medio ambiente. Además, los eurodiputados expresan en el informe su “preocupación” por las “dificultades” que, a su juicio, han encontrado las autoridades judiciales para hacer frente a las repercusiones de la “urbanización masiva” y consideran “alarmante la falta de confianza generalizada” en el sistema legal expresada por los cientos de ciudadanos que han protestado ante el Parlamento Europeo.

Finalmente, ha quedado fuera del texto la petición de una “moratoria” de los planes urbanísticos sin garantías, pero se llama a las autoridades españolas a que “revisen y controlen” todas las nuevas planificaciones que “no tienen en cuenta los criterios de sostenibilidad medioambiental y responsabilidad social“.

El eurodiputado de IU Willy Meyer ha conseguido incluir enmiendas en las que se califica el modelo urbanístico español de “expoliador de los bienes culturales” y en las que se considera que las altas previsiones de desempleo y el aumento de la deuda pública son “consecuencias” de ese modelo. También a propuesta de Meyer, la Comisión de Peticiones insta al Gobierno español a abrir un debate público con todas las administraciones para “tomar medidas legislativas contra la especulación y el desarrollo insostenible“.

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Dejar comentario 11 de Febrero de 2009

La oposición insta al alcalde de Ronda a abandonar sus negocios privados en ‘La Gaceta de Ronda’ con los promotores de Merinos

IU aportará la documentación que demuestra el vínculo comercial entre ‘Club de Campo & Golf de Ronda’ y Marín Lara en el juicio que se sigue contra el regidor

Revista El Observador.
11/03/08.

Antonio María Marín Lara, Alcalde de Ronda (PA)Los contratos de publicidad alcanzados entre el periódico ‘La Gaceta de Ronda’, propiedad en un 90% del alcalde de esta ciudad Antonio María Marín Lara, y la empresa promotora del macrocomplejo urbanístico de Merinos Norte, ‘Club de Campo & Golf de Ronda’, han sido duramente criticados por partidos de la oposición, ciudadanos y asociaciones ecologistas. El concejal de IU en la ciudad rondeña, Rafael Ruiz, ha adelantado a EL OBSERVADOR (www.revistaelobservador.com) que aportará la documentación que demuestra estos vínculos mercantiles en el juicio que esta formación sigue contra Marín Lara por un supuesto delito de prevaricación y un delito contra la ordenación del territorio y de los recursos naturales en este caso.

Desde Izquierda Unida, el concejal Rafael Ruiz adelantó que la relación mercantil entre los promotores de Merinos y el alcalde de Ronda será aportada como prueba en la denuncia que esta formación ha interpuesto contra Antonio María Marín Lara por un supuesto delito de prevaricación y otro supuesto delito contra la ordenación del territorio y de los recursos naturales. Ruiz valoró muy negativamente los negocios entre Marín Lara y los promotores. “No es una conducta ética y crea confusión, ya que se puede llegar a entender que el pago deanafuentes publicidad se hace en agradecimiento a la aprobación por decreto del convenio urbanístico de Los Merinos por parte del alcalde”.

Ana Fuentes, Cabeza de lista PSOE RondaLa cabeza de lista de los socialistas rondeños, Ana Fuentes, instó por su parte al alcalde a “corregir cuanto antes una situación” que considera “poco ética”. Fuentes recalcó que hechos como la inserción de publicidad de Club de Campo & Golf de Ronda en un periódico propiedad del alcalde “no deberían producirse” más cuando el periódico de su propiedad “se utiliza con una clara intencionalidad política”.

Alejandro Moreno, Portavoz SilvemaEl portavoz de la asociación ecologista Silvema, Alejandro Moreno, destacó que éste “es un indicativo más de los compromisos que adquieren determinados políticos con los promotores inmobiliarios, lo cual deja a la democracia en mal estado de salud ya que se anteponen los intereses privados al interés general. Además -añade Moreno- hablamos de un periódico que actúa como un órgano propagandístico de la alcaldía mediante el que se critica ferozmente, cuando no se insulta, a todo aquel que disienta de la labor de Marín Lara. Los promotores, por otra parte, han insertado publicidad en todos los medios de Ronda, incluidos los del PP y los del PSOE”.

Miguel Ángel Carrillo, Candidato de Los VerdesEl abogado y candidato de Los Verdes Miguel Ángel Carrillo comentó por su parte lo siguiente: “Este tipo de maridaje entre la política y los negocios no debería existir. El alcalde no sólo tiene que ser honesto sino también parecerlo y mantener relaciones mercantiles con una empresa que está en juicio con la Junta de Andalucía es condenable, más aún si es para sostener un medio de comunicación que está a su exclusivo servicio”. Carrillo subrayó también que el político andalucista “se debería haber abstenido” en los asuntos que afectan a esta empresa en el Ayuntamiento de Ronda y se preguntó por la cuantía del contrato que une a Marín Lara con los promotores. “Es muy importante saber cuánto ha cobrado el alcalde por estos anuncios”, afirmó.

La polémica sobre ‘La Gaceta de Ronda’ también se trasladó, después de publicarla EL OBSERVADOR, a foros de Internet como el de www.rondasemanal.com, en el que los lectores vertieron duras opiniones al respecto: “El alcalde andalucista tiene un problema grave, confunde lo público con lo privado. La oposición debe poner el tema en manos de la Fiscalía Anticorrupción”, escribió ‘Radio Macuto’. Otro forero, bajo el alias ‘Bok’ incidió en que “el problema no es que la Gaceta de Ronda haya cobrado de empresas privadas en concepto de publicidad, todos los medios de comunicación lo hacen. El problema es que un cargo público como el alcalde, en teoría, no debe desempeñar una actividad privada, precisamente porque pueden darse estas situaciones”. Por su parte, el alias ‘Sandrita’ opinó que “el alcalde no puede votar a partir de ahora nada relacionado con los Merinos”.

Por otra parte, desde Inforpress, la agencia de comunicación contratada por los promotores de Merinos, confirmaron la existencia de estos contratos de publicidad con el alcalde Ronda, similares a los mantenidos con otros medios de comunicación, si bien recalcaron la legalidad de todos estos acuerdos.

Por último, ayer resultó imposible contactar con la representante del Partido Popular, Begoña Chacón, ni en la sede del PP de Ronda ni en la Delegación de Turismo del Ayuntamiento rondeño ni en la Delegación de Participación Ciudadana de este mismo consistorio para obtener una valoración de la polémica con ‘La Gaceta de Ronda’.

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El alcalde Ronda Antonio María Marín Lara recibe dinero de los promotores del macroproyecto urbanístico de Merinos Norte a través del periódico de su propiedad ‘La Gaceta de Ronda’

Marín Lara, cabeza de lista del PA en Málaga, aprobó por decreto el convenio de Merinos Norte y ha encabezado manifestaciones de apoyo a los constructores

Revista El Observador.

07/03/08.

Los promotores del macroproyecto urbanístico de Merinos Norte llevan más de año y medio pagando al alcalde de Ronda, Antonio María Marín Lara, que les factura inserciones publicitarias en el periódico ‘La Gaceta de Ronda’, del cual posee el 90% de las acciones a través de la empresa editora Andalusí S.C., como el propio líder del Partido Andalucista en Málaga ha reconocido a EL OBSERVADOR (www.revistaelobservador.com). Marín Lara ha sido uno de los principales impulsores del controvertido complejo urbanístico, actualmente en construcción. Fue él quien como primer regidor aprobó por decreto el convenio urbanístico que autorizaba la construcción, pese a los centenares de alegaciones en contra presentadas por ciudadanos y asociaciones. El candidato andalucista también ha encabezado una manifestación de apoyo a los constructores sosteniendo una pancarta con la leyenda “Ronda, Golf Sí”.

En el registro de bienes que están obligados a declarar los candidatos a las elecciones andaluzas del 9 de marzo, Antonio María Marín Lara, cabeza de lista del Partido Andalucista por la provincia de Málaga, reconoce que posee el 90% de las acciones de Andalusí SC (Sociedad Civil), empresa editora de ‘La Gaceta de Ronda’. Este periódico semanal gratuito vio la luz en agosto de 2006, apenas dos meses después de que el también alcalde de Ronda aprobara por decreto y sin contar con la garantía de suministro hídrico de Cuenca Mediterránea, un convenio urbanístico que permitía la construcción de dos campos de golf, tres hoteles de cinco estrellas y 800 casas de lujo en la zona de contención de la Reserva de la Biosfera de la Sierra de las Nieves.

Desde el comienzo de su distribución hasta la actualidad uno de los principales anunciantes de ‘anuncio_merinos’ ha sido la empresa ‘Club Campo & Golf de Ronda’ responsable del complejo de Merinos, cuyos anuncios han venido insertándose casi ininterrumpidamente en este medio de comunicación. Unas promociones a toda página y en color que, como asegura el propietario del medio, Marín Lara, “por supuesto que cobro, de gratis nada”, puntualizando que a los constructores les factura mediante “acuerdos publicitarios de unos seis meses de duración”. El alcalde de Ronda no especifica a EL OBSERVADOR cuánto dinero ha recibido gracias a estos tratos comerciales.

No entiende Marín Lara que las relaciones comerciales que mantiene con los promotores de Merinos supongan un conflicto de intereses, ni conlleven ninguna clase de inhabilitación, ni incompatibilidad, “que va, que va, absolutamente nada, no es ni éticamente discutible. Siempre suelo preguntar al secretario del Ayuntamiento para este tipo de cosas”, afirma.

Siguiendo esta misma argumentación, el alcalde de Ronda justifica su participación encabezando una manifestación de apoyo a los constructores bajo el lema “Ronda, Golf Si”, a que “era un tema de proteger la legalidad de Los Merinos, no tiene nada que ver con la publicidad”.

La Gaceta de Ronda tiene una media de 24 páginas por edición, es gratuita y se precia de ser “el periódico más leído en nuestra Ciudad, aproximándose a los 15.000 lectores” con 6.000 ejemplares distribuidos. Entre sus anunciantes también destacan conocidos comercios de este municipio malagueño. Sus informaciones son una sucesión de elogios a su propietario, el alcalde, reconocimientos a la labor desempeñada por la administración local y furibundos ataques contra los representantes de la oposición, especialmente si son del PSOE. El delegado de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Ignacio Trillo, tampoco se ha librado de las críticas como tampoco lo ha hecho Isabel Teresa Rosado, alcaldesa de Cuevas del Becerro. Ambos han hecho públicas sus discrepancias con el macrocomplejo de Merinos Norte.

En el nº 51 de diciembre de 2007, en una información de dos páginas a color sobre las obras de los Merinos, se afirma: “Ronda necesitaba y merecía un proyecto de estas características”.

Dejar comentario 9 de Febrero de 2009

La Crisis del Agua en Málaga en el Contexto de la Crisis Ecológica Global

Francisco Puche Vergara, Nueva Cultura del Territorio.

Que estamos en crisis es un tópico. Que esta crisis, además de un fuerte perfil socioeconómico, supone una ominosa amenaza ambiental a nadie se le oculta. Las llamadas urgentes a la acción datan del Informe Brundtland (1987), y hoy (IV Informe sobre Cambio Climático, Evaluación de los ecosistemas del milenio de Naciones Unidas, 2005 y el “pico” del petróleo) la hacen, si cabe, más dramáticas y perentorias. Por poner un ejemplo NNUU (IDH, 2007-08) advierte que para no sobrepasar los 2ºC en las temperaturas medias, lo que sería gravísimo, es necesario que los países enriquecidos bajen sus emisiones en torno al 90% respecto a 1990, en 2050. ¡Casi ná!

La crisis es de recursos y sumideros. Pero también de interrelaciones. El agua y los ecosistemas acuáticos están en profunda crisis, en Málaga y en el mundo.

La Directiva Marco del Agua (DMA), referida a Europa, es una contundente respuesta a este estado de cosas. Tiene sus trampas para que los gobiernos y las multinacionales la burlen, pero su espíritu desde la primera a la última página es inequívocamente medioambiental. Por eso, la Agencia Andaluza del Agua anda mareando la perdiz con las exigencias de aplicación y de participación efectiva de todos los ciudadanos.

Las tres cuestiones que se plantean en Málaga, y en el mundo, son las relativas a la recuperación de los ecosistemas acuáticos (ríos, humedales, aguas marinas, de transición y subterráneas), las que tienen que ver con la calidad de las aguas (especialmente la del agua alimento) y la relativa al imperio de unas pocas multinacionales en lo relativo al negocio del agua embotellada y de la privatización del abastecimiento, como el caso del Canal de Isabel II.

De acuerdo con el Estudio General de la Cuenca Mediterránea Andaluza, elaborado por la Agencia Andaluza del Agua, en 2007, en cumplimiento de la DMA, en Málaga:

  • más del 40% (41 sobre 102) de todos las masas de agua están en riesgo alto de no cumplir los preceptivos objetivos medioambientales de la DMA, el 51% (52 sobre 102) de todas las masas están en riesgo medio o bajo de no cumplir
  • y sólo un 9% (9 de 102), pueden cumplir si no se producen deterioros adicionales, hasta 2015.

Los ecosistemas exigen (y así lo prescribe la DMA) que se cumpla el principio de NO DETERIORO y que para 2015 (salvo causas graves que lo impidan) se recupere su buen estado ecológico, que viene a ser, según el texto invocado, el “más próximo al estado inalterado” de la masa en cuestión. Por ello los ríos de Málaga, exigen más caudal ecológico (entre el 50 y el 80% de su caudal natural, según los trabajos de García Jalón para la Cuenca Mediterránea), y exigen respetar todo el territorio fluvial y su morfología. No es admisible lo que se ha hecho con el arroyo Toquero o con el río Chillar o con el Sabar. Ni es de recibo el intento reiterado de extraer más agua de río Grande, o del Guadiaro para que la ciudad o la Costa la despilfarre con césped, golf o tuberías en mal estado. El agua hay que repartirla entre los ecosistemas y la sociedad, por la cuenta que nos trae

La calidad de las aguas de boca es esencial porque son alimentos imprescindibles e insustituibles para los seres humanos. La DMA exige que lleguen a las potabilizadoras en el mejor estado posible para disminuir los tratamientos. ¿Por qué? Porque, según la propia Comisión Europea (Libro Verde del Medio Ambiente Urbano, 1991), la potabilización con cloro da lugar a compuestos –trihalometanos- que son cancerígenos y mutágenos. Cuando en 2009 se rebajen los mínimos permitidos de estas sustancias la mayor parte de las ciudades, entre ellas Málaga, no cumplirán los estándares. Por tanto es urgente proteger los acuíferos de los que mana el agua de boca. Por ello, las urbanizaciones sobre acuíferos carbonatados como las previstas en Merinos (Ronda) o en Matagallar (Coín) son un atentado a la salud de los malagueños.

Y esto enlaza con el tercer problema de Málaga y del mundo. Las cuatro o cinco multinacionales que dominan el negocio del agua en el mundo (Nestlé, Coca Cola, Betchel, Veolia, Suez, etc.) saben de la mala calidad creciente del agua de boca y venden el recurso a precios que, a veces, son hasta tres mil veces más caros que la del abastecimiento municipal.

El siguiente cuadro explica la magnitud del negocio en España, en 2005:

Fuentes Habitantes L/p/d Precio Consumo Hm3 Gasto Total €
Agua de la red 44 x 106 166 0,67 €/m3 2666 1786 x 106
Agua embotellada 0,3 €/litro 59 1770 x 106

Fuente: INE, 2007
Siendo el consumo del agua del grifo 444 veces mayor que la embotellada, el gasto final es similar.

Si el agua es un bien tan preciado y estratégico, de valor incalculable, que proporciona un poder omnímodo ¿a quién debe corresponder la propiedad, la gestión y el usufructo?. A las instituciones públicas, controladas y participadas de manera amplia por la sociedad, desde el agua de abastecimiento hasta el agua de boca. Ésta última con un enorme poder estratégico, por lo que afecta a la soberanía y seguridad alimentaria, y que está cayendo en poder de las cuatro multinacionales que controlan el mercado mundial. Debemos resistir todo tipo de privatizaciónes del agua.

Por último, y a modo de conclusión, no podemos abordar la calidad de las aguas sin tener en cuenta toda la cuenca, por ello si seguimos echando en Andalucía, en 2005, 40.000 toneladas de pesticidas y 250.000 toneladas de fertilizantes al año, difícilmente podremos tratar de que las aguas estén menos contaminadas. Una apuesta urgente y decidida por la agricultura sin venenos o agroecologíca se hace imprescindible para abordar la crisis del agua en Málaga

Francisco Puche Vergara, economista. Es miembro de Nueva Cultura del Territorio

Dejar comentario 21 de Enero de 2009

PP y PSOE enmendarán el informe sobre el urbanismo español

Visto en el El Mundo.

Efe | Bruselas

Los eurodiputados del PP y los del PSOE anunciaron este martes que enmendarán gran parte del proyecto de informe que prepara la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para denunciar los abusos del urbanismo español y, en especial, en la costa valenciana y andaluza.

Populares y socialistas van a proponer cambios al texto elaborado por la danesa Margrete Auken (Los Verdes), que pide una revisión “profunda” de la legislación urbanística, aboga por una moratoria de todos los planes que no respeten criterios medioambientales y sociales y plantea suspender los fondos de cohesión si no se remedian los problemas.

Esas dos últimas propuestas, entre otras, serán objeto de enmiendas por parte de los socialistas, según aseguró la eurodiputada valenciana del PSOE Maruja Sornosa.

La parlamentaria socialista, que calificó el informe de “realmente mejorable“, explicó que su grupo quiere eliminar del texto los párrafos que dudan de que en España se garantiza el derecho de propiedad privada y aquellos que plantean la necesidad de una moratoria.

Creo que sería mucho más conveniente promover un acuerdo de todos los actores sociales para alcanzar un pacto de mejora del urbanismo“, indicó.

Por su parte, el PP criticó con dureza la “parcialidad” del texto de Auken y el diputado Gerardo Galeote anunció enmiendas para “corregir la sinrazón del informe” de cara la votación de la comisión de Peticiones, el próximo 11 de febrero, y antes de que llegue al pleno de la Eurocámara en marzo.

Los eurodiputados españoles David Hammerstein (Los Verdes) y Willy Meyer (IU) se mostraron a favor del informe.

Mientras, la mayoría de parlamentarios de fuera de España que intervinieron en el debate pidieron que se ponga fin a las disputas partidistas en torno al texto, que ha enfrentado en muchos momentos a PP y PSOE, e instaron a las autoridades nacionales, regionales y locales a unirse para ofrecer soluciones.

Auken recordó que el urbanismo español ha generado más quejas ciudadanas ante la Eurocámara que ningún otro asunto en esta legislatura y recalcó que, por ello, los eurodiputados deben “actuar“.

Nos han elegido para actuar y no para permanecer silenciosos“, insistió la parlamentaria, que ha centrado su informe en los efectos de la urbanización extensiva en los derechos de los ciudadanos, sobre todo en el derecho de propiedad, y sobre el medio ambiente.

Para Auken, las autoridades españolas “tienen una gran responsabilidad en la falta de seguridad jurídica que afecta a mucha gente que ha comprado una propiedad en España”, por las reparcelaciones y expropiaciones que aprueban.

La ponente aseguró que las visitas efectuadas por el PE a España han dejado claro que “la urbanización masiva de las regiones costeras, sobre todo en la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía, no ha respetado como debiera haber sido ciertas directivas europeas“.

De todo esto se defendió el Gobierno de la Generalitat Valenciana, la región más señalada por las denuncias ante la Eurocámara, a través de su secretaria autonómica de Urbanismo, María Ángeles Ureña.

El Gobierno valenciano entiende que se respetan en la legislación urbanística las directivas y que nuestra legislación es conforme al derecho interno español“, indicó.

Sin embargo, varios representantes de asociaciones ciudadanas contra los abusos urbanísticos denunciaron la “indefensión del propietario” en las normas valencianas y de otras regiones españolas y defendieron la necesidad de un nuevo modelo de crecimiento para el país.

El ritmo de construcción en España en los últimos años ha sido cinco veces más alto que en la UE, en 20 años se ha duplicado el número de viviendas, los planes actuales multiplicarán por tres las casas que hay en España y hay tres millones de viviendas vacías“, recalcó Jaime del Val, portavoz de la Coordinadora Ciudadana en Defensa del Territorio.

Éste será el tercer informe sobre el urbanismo en España que vote el pleno de la Eurocámara a partir de quejas de los ciudadanos.

Los eurodiputados ya censuraron en 2005 y en 2007 los supuestos abusos de la construcción en suelo español, particularmente en la Comunidad Valenciana y la “costa mediterránea“, y alertaron de la indefensión que sufren residentes españoles y europeos.

Dejar comentario 20 de Enero de 2009

TSJA desestima la petición de los ecologistas de suspender el plan parcial de Los Merinos Norte

RONDA (MÁLAGA), 13 Ene. (EUROPA PRESS)
La sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) con sede en Málaga ha dado la razón a la Junta de Andalucía, al Ayuntamiento de Ronda (Málaga) y a la propia promotora del proyecto de Los Merinos sobre la legalidad del Plan Parcial de dicho proyecto, que incluye la construcción de dos campos de golf, unas 800 viviendas y varios alojamientos hoteleros de lujo.

En un auto de 19 de diciembre, la Sala acordó desestimar la solicitud de adopción de la medida cautelar de suspensión del acuerdo de aprobación definitiva del Plan Parcial de Ordenación ‘Los Merinos Norte’ en fecha 18 de abril de 1995, como habían solicitado el Ayuntamiento de Cuevas de Becerro (Málaga) y la Federación de Ecologistas en Acción-Andalucía.

En sus razonamientos, el auto señala que se viene reiterando por este Tribunal que la suspensión o ejecución de una disposición de carácter general, como es un Plan Urbanístico, supone un grave perjuicio del interés público y “solo en el caso de grave daño individual cabe suspensión”.

Además, también se explica que salvo evidencia de que se puedan producir perjuicios irreversibles, “que no es así el caso”, en principio el daño que hipotéticamente pudiese generarse “derivaría de actos de ejecución y no de la disposición general”.

Mientras tanto, desde la empresa no se ha querido realizar ningún tipo de valoración del auto, limitándose a señalar que “acatamos las decisiones de la administración de justicia”. Por otra parte, esta decisión ha creado malestar entre los colectivos ecologistas de la Serranía, que consideran este proyecto un grave atentado contra el medio ambiente.

Dejar comentario 14 de Enero de 2009

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